julio 23, 2006

¿POR QUÉ UNA CUMBRE ALIMENTARIA?

El hambre es una de las palabras que más suscita conmoción, angustia y horror en la mayoría de sociedades. Entre nosotros, esta palabra permanece asociada a las imágenes de niños africanos víctimas de horripilantes hambrunas o a las de seres desgraciados confinados en campos de concentración y exterminio. Las expresiones, intensamente humanas, que se registran en esos rostros y esos cuerpos, evidencian un drama que nos sobrecoge, nos recuerda nuestra condición de especie y logra avivar nuestra conciencia solidaria.

No obstante, el impacto que el rostro de la inanición y del hambre extrema causan en nuestra retina, también tiene un efecto indeseable: limita nuestra capacidad para apreciar otra forma de hambre que, aunque es menos dramática y devastadora, es profundamente dolorosa, mortal y, aunque nuestra mirada la resista, también degrada nuestra condición humana y es moralmente intolerable. Se trata del hambre crónica. Una situación en la que una persona o una familia, aunque tienen algo para comer, no alcanzan a consumir las calorías que sus organismos han gastado durante el día. Y así cada día, durante semanas, meses y años. Al principio, el organismo recurre a las reservas de calorías que la persona tiene en sus depósitos de grasa. Cuando esta grasa es agotada, el organismo empieza a tomar tejidos más nobles, como el músculo y el hueso, hasta debilitar a la persona, consumirla en la enfermedad y exponerla a la muerte.

En Colombia no solo hay hambre crónica sino que esta tragedia silenciosa afecta a millones de pobladores. No obstante, por distintas razones, este drama no se está atendiendo como se debiera a pesar de tratarse de una situación que nos degrada como sociedad y que amenaza nuestra viabilidad como país.

Recientes estadísticas oficiales, emitidas por organismos gubernamentales colombianos, evidencian esta situación:
El estudio del ICBF, realizado en el 2005, señala que el 40% de las familias colombianas se encuentra en inseguridad alimentaria. Esto significa que esta proporción de familias frecuentemente no cuenta con los recursos necesarios para consumir sus comidas principales. La cifra es aún más dramática para los sectores rurales, en donde el problema alcanza al 58.2% de las familias.

Ya en la región del Magdalena medio, los estudios sobre la adecuación de calorías y nutrientes, realizados por la Corporación Obusinga, evidencian realidades aún más alarmantes. De acuerdo con los resultados obtenidos, una de cada tres familias se encuentra en condición de hambre crónica. Es decir, no cubren con su alimentación las calorías que gastan en su supervivencia y trabajo.

Otras formas, igualmente graves de insuficiente consumo de alimentos, son demostradas por los estudios de Obusinga. La insuficiencia en el consumo de la vitamina A afecta a tres cuartas partes de la población de la región. Dado que la vitamina A es esencial para la conservación de la piel y de los tejidos que tapizan los órganos internos, presenciamos una situación en la que la inmensa mayoría de la población está sufriendo el deterioro progresivo de sus órganos, aparatos y sistemas. En consecuencia, son víctimas de enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares. De hecho, estas patologías son las que ocupan los primeros lugares como causas de muerte y enfermedad entre la población de la mayoría de municipios de la región.

En este sentido, es necesario afirmar que la alimentación es un derecho humano fundamental amparado por la Constitución colombiana y suscrito por los gobiernos colombianos en múltiples escenarios internacionales. Por lo tanto, en este caso, asistimos a la vulneración sistemática de dicho derecho contra millares de familias campesinas de la región.

Ya desde un punto de vista económico, el problema alcanza toda su magnitud cuando es apreciado en la dimensión de un municipio concreto. Si tomamos, a un municipio rural tipo de la región, que cuente con 15.000 habitantes, cerca de 9.000 de ellos (60%) presentarían déficit importante en el consumo de calorías y nutrientes. Así mismo, si tan solo se utilizaran $2.000 diarios para suplementar la alimentación de cada una de estas personas, encontraríamos que el municipio requiere de $6.570’000.000 (seis mil quinientos setenta millones de pesos) anuales para superar el problema de hambre crónica de su población.

La cantidad de la que se habla, es seis veces más grande que el presupuesto municipal promedio de inversión lo cual quiere decir que los municipios rurales tendrían que multiplicar su presupuesto por lo menos por diez para que su población pueda seguir existiendo.

No obstante, esta sentencia solo tiene sentido dentro de un modelo de desarrollo asistencialista que hace énfasis en las carencias de la población. Es decir, un modelo que, para seguir con el ejemplo del municipio rural tipo, solo es capaz de ver 9.000 estómagos vacíos. Desde otro punto de vista, desde un modelo de desarrollo que aprecie las potencialidades de nuestra población campesina y vea en ella a miles de trabajadores que requieren apoyo para el desarrollo de su cultura y su economía, el problema puede ser visto de otro modo: Para el municipio en cuestión sería preciso asegurar una disponibilidad y acceso, físico o económico, a alimentos básicos equivalente a la cantidad de dinero referenciada atrás. Y, sin lugar a dudas, nuestros campesinos y campesinas están en plena capacidad de alimentarse por sí mismos y alcanzar autónomamente su seguridad alimentaria. Eso sí, a condición de que sean vistos como ciudadanas y ciudadanos colombianos y que su derecho humano fundamental a la alimentación sea respetado y garantizado por el estado y el gobierno.

Adicionalmente, los estudios muestran un creciente deterioro y crisis de las identidades alimentarias y de la cultura gastronómica de las diferentes comunidades. Los cambios en la tenencia de la tierra, el fuerte impulso a la agroindustria y el crecimiento de la industria de alimentos procesados, entre otros factores, han producido un dramático trastorno en los patrones de consumo alimentario de las familias colombianas quienes vienen perdiendo aceleradamente su autonomía y confianza para tomar decisiones alimentarias en el día a día. Como consecuencia, se producen patéticas paradojas como las que demuestran los estudios del ICBF: En medio de la inseguridad alimentaria que viven las familias, uno de cada tres adultos colombianos (el 32,3%) se encuentra en sobrepeso y el 13.8% ya padece de obesidad. Y, aún en los niveles más bajos del SISBEN, que corresponden a la población campesina, uno de cada cuatro adultos está en sobrepeso. En otras palabras, quienes no están enfermos de escasez lo están de abundancia. Y debido a que el sobrepeso y la obesidad favorecen el desarrollo de diversas enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cerebro y cardiovasculares, el trastorno en los patrones alimentarios tiene profundos efectos en la salud pública en términos de aumentar la carga de enfermedad y los años de vida saludables perdidos.

Como se aprecia, la magnitud del problema alimentario no solo confronta las políticas sociales existentes sino que obliga a preguntarse por el modelo de desarrollo que se requiere para hacer viables a los municipios rurales de la región e incluso de nuestro país. En este sentido, se entiende que si el problema de hambre crónica no se atiende y se resuelve de manera sostenible no solo se comprometerá la autonomía alimentaria del país sino que surgirá una generación en medio del hambre y la inseguridad alimentaria.

Se trata entonces de un problema complejo y profundo cuya solución demanda no sólo la concertación de acciones públicas, privadas y comunitarias sino la construcción de un propósito social capaz de producir el impacto necesario para dignificar la vida de millares de personas de la región.

Ante la realidad del hambre crónica, que ataca a personas que habitan territorios fértiles, y frente al acuerdo social que como país convinimos en torno a la existencia del derecho a la alimentación, es responsable y oportuno plantearse profundos cuestionamientos acerca de las políticas de seguridad alimentaria de nuestro país.

¿Dónde comienza y dónde concluye la responsabilidad del estado frente a la seguridad alimentaria de las familias y comunidades campesinas? ¿Están adecuadamente orientados los subsidios alimentarios que el estado ofrece a esta población? ¿Son social y económicamente sostenibles y, en consecuencia, contribuyen realmente a la dignificación de la vida y a la seguridad alimentaria?

¿Está bien que el tipo de acciones que los municipios, los departamentos y la nación realizan, frente a la seguridad alimentaria de las familias, sean básicamente iguales o, por el contrario, cada uno debería tener competencias diferentes y realizar acciones claramente complementarias? ¿Se está promoviendo el desarrollo de sistemas agroalimentarios locales o, por el contrario, las políticas tienden a favorecer a los sistemas agroalimentarios globalizados?


¿Debe el estado proteger las identidades alimentarias de las comunidades y controlar la oferta alimentaria industrializada o debe permitir el libre comercio y publicidad de los alimentos industrializados?

Justamente, estos cuestionamientos remiten a la necesidad de convocar una Cumbre Alimentaria en la que, comunidades, organizaciones privadas y representantes del estado, puedan abordar, debatir y acordar asuntos fundamentales para la construcción participativa de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la alimentación para la población rural de Colombia y en particular para los habitantes del Magdalena medio.

Para ello se ofrece como escenario propicio el municipio del Carmen de Chucurí el cual cumple 20 años de constituido como tal y cuyo proceso representa la apuesta del Magdalena Medio por la construcción de un estado social de derecho comprometido con la conquista de la seguridad alimentaria para todos los ciudadanos y ciudadanas. Precisamente, en sus veinte años de constituido como municipio, El Carmen busca la consolidación de su sistema agroalimentario local para alcanzar autonomía alimentaria y así garantizar el derecho a la alimentación a toda su población.

En las actuales circunstancias, la seguridad alimentaria, como expresión fundamental de desarrollo, civilidad y paz, se logrará por medio de la creación colectiva de un marco general y participativo de acción. Solo así se podrán articular los recursos existentes para que se multipliquen en alimentos disponibles en los municipios y para que estos sean accesibles a las familias que los requieren. Resolver, de manera sostenible y dignificante, el problema del hambre crónica no solo es importante, ahora es urgente.

OBJETIVOS DE LA CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL

Crear un escenario de debate multisectorial en el que se analicen los determinantes políticos y sociales, que afectan a la SAN en el ámbito rural colombiano y de la región del Magdalena Medio en particular.

Debatir sobre el papel de municipios, departamentos y nación en el desarrollo de la seguridad alimentaria y proponer ajustes a las competencias de cada uno de estos entes territoriales.

Convocar a diferentes actores sociales de la región del Magdalena Medio a conocer las experiencias regionales en SAN rural y a debatir sobre los caminos que se deben tomar para alcanzar este derecho fundamental.

Proyectar el proceso del Carmen de Chucurí como municipio pionero en el desarrollo de políticas públicas participativas en SAN por medio del lanzamiento del programa de Canasta Alimentaria Universal como estrategia para la garantía del derecho a la alimentación.

IMAGENES DE
LA CUMBRE

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Este es un exhibidor facilitado por Flickr para presentar las fotos de la Cumbre Alimentaria. Haga su propio exhibidor aquí.

Programa radial Terminal Azul,
dedicado a la Cumbre Alimentaria Regional. Emisora Universitaria UIS F.M., Bucaramanga.
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